Durante el año 2023, en la Ciudad de México se iniciaron más de 38,500 carpetas de investigación cuyo delito es violencia familiar. Por lo que todos los días de 2023 se iniciaron aproximadamente 105 carpetas de investigación por este delito.

El delito de violencia familiar se encuentra señalado en los artículos 200 a 202 del Código Penal para el Distrito Federal, se persigue por querella, salvo excepciones. Este delito se comete principalmente en agravio de mujeres (>70%) dentro del núcleo familiar, cuyo agresor, generalmente es el cónyuge o concubino. El delito de violencia familiar es un ilícito que no se encuentra del todo tipificado, es decir, no se establece como víctima a la familia, sino que este delito solo se perfecciona en su comisión, por el solo hecho de darse en agravio de algún integrante de la familia; el agresor obtiene sentencia condenatoria solo por alguna de las hipótesis señaladas en la norma pero en ningún caso obtiene pena alguna por el daño colateral en la familia. El Estado cuenta con instituciones en los tres niveles de gobierno que se encargan de atender el bienestar de la familia, procurando evitar, entre otros acontecimientos, la violencia familiar.

Violencia familiar en la Ciudad de  México

Problemática.

Las instituciones del Estado (concretamente en la Ciudad de México) dedicadas a la protección y atención de la familia han ido experimentando cambios sustanciales, son tan variadas que es sencillo segmentarlas porque hay coincidencias competenciales. La Fiscalía General de la Ciudad de México cuenta con una unidad especializada para la atención de delitos contra la familia, cuenta también, con una estructura burocrática para atender a las víctimas, principalmente mujeres. Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad de México, cuenta con una Secretaría que atiende directamente a la mujer y a su familia, por otro lado, se tiene el Sistema DIF local, que atiende de forma similar, las mismas problemáticas. También, los gobiernos de las Alcaldías cuentan con unidades administrativas dedicadas a la atención de la familia. El problema es que no existen informaciones de resultados que nos permitan inferir un impacto en la disminución. Esto se afirma porque el delito de violencia familiar va in crescendo. ¿Cómo podemos conectar nuestros esfuerzos y lograr el propósito principal?

El problema público se atenderá desde un enfoque pluralista, analizando cuáles autoridades (en su carácter de oficinas públicas “ventanilla”) u oficinas públicas no funcionan, funcionan de manera irregular o cuáles se requieren para atender el problema; así como cuáles atribuciones se ven impedidas para llevarse a cabo o se llevan a cabo de manera ineficiente o inconexa. Este enfoque teórico se justifica con el simple hecho de que el Estado tiene el monopolio de la seguridad pública, es decir, ninguna persona física o jurídica puede tener atribución alguna respecto de la seguridad pública, por lo tanto, el gobierno de “ventanilla” es aplicable en el presente problema público. La justificación a este enfoque o marco teórico de análisis es por la razón expuesta y fundamentalmente por la evidencia del incremento del delito de violencia familiar.

Marco teórico.

Actores

Bases legales, recursos económicos y humanos

Legales.

CPEUM (Art. 1 y 4).

Leyes Federales

Leyes Locales

Código Penal para el Distrito Federal.

Recursos humanos.

No existe comunicación institucional entorno al problema.

Sin coordinación horizontal y vertical.

Recursos económicos.

Instituciones debidamente financiadas.

Movilización política.

Permanente y creciendo

Información, organización, infraestructura, tiempo y consenso.

Recursos cognitivos: Parcialmente disponibles, amplia investigación.

Organización: sin conectores de coordinación.

Consenso: No existe.

Recursos cronológicos: establecidos en la ley.

Recursos patrimoniales: disponibles, otros necesarios.

Árbol de problemas

Conclusión

La violencia familiar en la Ciudad de México ha ido aumentando de forma acelerada. En respuesta, se propone crear el Sistema Fam 111 que tiene como objetivo establecer una macro estrategia que involucre a todas las estructuras de gobierno para afrontar de manera coordinada la problemática, asumiendo el fenómeno como una responsabilidad conjunta, debidamente segmentada y planteando una solución de forma novedosa donde el sistema funcione de forma armonizada con datos que establezcan controles institucionales que permitan asegurarse de que la estrategia de prevención Fam 111 llegará a todos los hogares y personas.